12 May

La digitalización Vs. la Reactivación económica


Por: Santiago Albán

Con seguridad, el Covid 19 marca un antes y un después para la sociedad global. El distanciamiento social y las restricciones de movilidad no son algo que vamos a dejar atrás fácilmente ni a corto plazo.

Tanto la empresa privada como las entidades públicas necesitan – contra el tiempo – adaptar sus procesos en búsqueda de dar viabilidad a las diferentes operaciones y transacciones para procurar al mercado el dinamismo que requiere, en un momento donde el retorno a la productividad del país es tan importante como el distanciamiento social.

Las transacciones y operaciones – hasta el día de hoy en completa negación a los avances tecnológicos – han dependido del “personalmente”, “por favor su firma, nombre y teléfono en el voucher”, “ingrese un oficio en ventanilla”. Como consecuencia de esto, en pleno año 2020 necesitamos de infraestructuras físicas gigantescas para las largas filas en los bancos y en los múltiples registros públicos; para archivos físicos de notarías, pagos de servicios públicos – sólo en efectivo –, requerimientos de traslados, activación, cancelación, mantenimiento de servicios, entre otros tantos, que han sido un viacrucis y pérdida de tiempo, y ahora también un foco de infección extremadamente peligroso para la salud pública.

El frenazo de la economía durante esta epidemia nos permite ver con un poco de perspectiva la falta de tecnificación de nuestras empresas, la poca importancia que hemos dado a la implementación tecnológica, y por último, pero no menos importante, la innecesaria relación cotidiana y estrecha de las actividades privadas con entidades gubernamentales. Nuestra profunda tradición burocrática ha sido uno de los factores de nuestro rezago frente a la economía de países vecinos, y ahora también nos deja muy vulnerables frente al reto de la reactivación económica post Covid 19.

El uso de medios electrónicos para realizar nuestras operaciones y transacciones diarias requiere de la posibilidad de implementar los sistemas que más se adecúen a las actividades que realizamos, en base a la regulación, al riesgo que la actividad conlleva y a las solemnidades legales. De una manera u otra, todo lleva a la famosa firma electrónica.

La Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos (en adelante la Ley) únicamente reconoce a la firma electrónica certificada. Esto quiere decir que únicamente reconoce aquella emitida por una entidad certificadora que se encuentre autorizada a su vez por el Estado.

La firma electrónica, sin embargo, trasciende las limitantes establecidas en nuestra Ley, siendo ésta de diferentes características con diferentes maneras de emitirlas y por supuesto con diferentes efectos jurídicos. Sin embargo, cuando una firma electrónica es creada para adquirir derechos y obligaciones, lo que uno debe buscar en el sistema que avale la firma, es lo siguiente:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable;

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y,

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Estas características son las mismas que contiene la Ley, con la diferencia que en la Ley se vincula que la verificación de la identidad del signatario responda a lo que determina la Ley, es decir el aval es la fe del Estado, y vincula el método de creación de la firma al mensaje de datos o documento donde se la fija, característica de superior jerarquía. Sin embargo, la firma electrónica certificada, según la manera que se establece en la normativa, no garantiza seguridad, pues podría estar utilizando sistemas de cifrado asimétrico que no responden al estado de la técnica actual.

La firma electrónica desde una perspectiva internacional, se la emite de diferentes maneras, dependiendo la necesidad específica. Los sistemas implementados deben permitir de manera confiable y segura la posibilidad de identificar la identidad del firmante, permitiendo así el reemplazo del famoso garabato “original en color azul”. Las entidades privadas y públicas, deben comenzar a explorar los sistemas que a nivel internacional se comercializan para buscar la eficiencia y efectividad de las transacciones que se requieren para una reactivación económica rápida, sabiendo que la implementación de los medios electrónicos para sustituir a los procesos tradicionales no sacrifican seguridad ni efectos jurídicos, ganando eficiencia operativa con alcance nacional, e incluso internacional.

El rol de los reguladores, en cada una de sus competencias, es proporcionar la confianza a sus sectores para que implementen los sistemas que busquen la operatividad por medios electrónicos, aminorando costos operativos, buscando que la competencia se mueva en torno a la simplicidad y seguridad con la que nuestros proveedores de servicios pretendan acceder a nuevos clientes, proporcionando un dinamismo sano, tanto para el mercado como para los ciudadanos.

La reactivación económica del Ecuador tiene que tener el objetivo de permitir la constitución de empresas en cuestión de horas; acceder a certificados de registros públicos (mercantiles y propiedad) en línea; celebrar la compra y venta de títulos en el mercado de valores con un click, con la velocidad y dinamismo que internacionalmente se requiere; un Ecuador donde pueda contratar servicios, modificarlos, realizar traslados de direcciones, pagar, y tantas otras operaciones, a través de la pantalla de la computadora.

No podemos permitir que nuestra recuperación económica sea más lenta y menos competitiva que la de nuestros países vecinos. Nuestra economía es frágil, porque nuestro sistema depende del tiempo de una persona. Aceleremos la digitalización, en beneficio del Ecuador.

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